Alexis P. González
En una acción contundente contra la impunidad, Gilberto Amaro Neri fue removido de su cargo como juez del Registro Civil en el municipio de Amaxac de Guerrero, tras confirmarse una serie de denuncias ciudadanas que lo señalan por presuntos actos de corrupción y cobros excesivos, especialmente dirigidos contra personas de la tercera edad.
De acuerdo con información obtenida, el ahora exfuncionario operaba presuntamente en contubernio con el secretario del ayuntamiento, Serafín Hernández, formando una red de complicidad para “enganchar” a ciudadanos que necesitaban corregir sus actas de nacimiento. Las víctimas denunciaron que se les exigía la cantidad de 5 mil 900 pesos por trámites que deberían tener costos oficiales mucho menores.
Ante el cúmulo de pruebas y el malestar ciudadano, la Dirección del Registro Civil Estatal, que encabeza una política de ceto tolerancia contra la corrupción, determinó el cese inmediato de Amaro Neri para dar paso a un relevo que garantice la transparencia en la oficina municipal.
Los señalamientos apuntan a que los funcionarios aprovechaban la vulnerabilidad de las personas mayores para realizar estos cobros irregulares. Tras la salida del oficial estatal, la presión social se ha volcado hacia el Ayuntamiento de Amaxac, pues se espera que se tomen medidas administrativas o legales en contra del secretario municipal, quien también ha sido señalado como pieza clave en este esquema de abusos.
Con este movimiento, las autoridades estatales envían un mensaje claro a los funcionarios de los 60 municipios a fin de no solapar actos que afecten la economía de las familias tlaxcaltecas, mucho menos cuando se trata de servicios básicos de identidad.
