Por Edgardo Cabrera
La salida de Octavio Ortega de Comunicación Social del Gobierno estatal, el tercero que ocupó esa posición desde la llegada de la Triste Historia, se cocinó coincidentemente con movimientos que se realizaron en la Secretaría de Turismo Federal que encabeza la tlaxcalteca Josefina Rodríguez Zamora.
Resultó que Sebastián Ramírez fue designado titular del Fonatur con lo que dejó la subsecretaría de Turismo, de igual forma se fue quien se desempeñaba como secretaria particular, el vocero y otro grupo que fue movido a áreas estratégicas y de administración del gobierno federal, en su mayoría, personajes cercanos a la presidenta Sheinbaum.
Mientras esto ocurría en el plano presidencial, el viernes pasado Lorena Cuéllar anunció el nombramiento de Antonio Martínez Velázquez como nuevo coordinador de Comunicación Social, y para este miércoles se conoció que su antecesor, llegaba a la dependencia federal como titular de comunicación.
Ninguna de las acostumbradas plumas prestidigitadoras calcularon la maniobra, como tampoco, en su momento, la llegada de Jose Rodríguez a una Secretaría de Estado.
Si bien, hubo quienes interpretaron que la llegada de Octavio a Turismo fue por imposición de su ex jefa, ello resulta falso, son los mismos que dijeron que la gobernadora colocó a Jose en la dependencia federal. Lo cierto es que detrás hay más que contar y no pierdan de vista al poderoso sector empresarial y sindical de nuestro país, que comienza a maniobrar de cara al 2027.
Que no les resulte extraño que a partir de ya, veamos con mayor presencia en Tlaxcala a la secretaria federal, porque como lo dije al arrancar la semana, las contiendas internas en los partidos son por género, y en las encuestas de mujeres de Morena, además de Ana Lilia Rivera, se ha mantenido de manera constante Jose Rodríguez en las mediciones.
CENSURADORES
Lo que pasa en Campeche se suma a decenas de casos en los que gobiernos de Morena buscan coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Resulta que un juzgado local desechó un recurso de revocación presentado por el medio de comunicación Tribuna y ratificó la orden de imponer un “censor judicial” a sus redes sociales, para ser claros, un censurador que les revise y autorice las publicaciones relacionadas con Layda Sansores.
El medio es fuerte crítico a la administración morenista y por ello ha sido perseguido, la medida, además, llega previo a la presentación de su cuarto informe de gobierno.
Pero no es el único caso, en Puebla con una ley se pretende castigar con cárcel las publicaciones de aquel que hable mal de los gobernantes en las redes sociales, escudados en “Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
La lista sigue y ya alcanzó a los ciudadanos, hay casos en los que se obligan disculpas públicas, como aquella persona humillada frente a Noroña en una ceremonia ex profeso para ello, o el de Karla Estrella en Hermosillo Sonora acusada de violentar a una diputada federal por comentarios críticos en la red social X, su castigo: 30 días de disculpas en la misma red y pagar una multa.
Ante qué estamos, evidentemente ante la hipersensibilidad de los políticos del nuevo régimen que no les gusta ser tocados ni con el click de una tecla digital.
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