Por Edgardo Cabrera
La moribunda Procuraduría General de Justicia sigue acumulando equivocaciones en sus actuaciones, la más reciente tiene que ver con la exhibición de la detención del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ignacio Alarcón Rodríguez, y la acusación de éste de que la dependencia de Tlaxcala trató de extorsionarlo.
El asunto es doblemente grave, en primer lugar, porque sin pelos en la lengua el empresario poblano aseguró que “se trató de un intento de extorsión desde la PGJT”, derivado de un caso de despojo ocurrido en Huamantla en el que fue implicado y que data del año 2015.
Pero ahí no acaba el tema, de nueva cuenta las ansias protagónicas de la dependencia que encabeza Ernestina Carro, cuyo hermano, por cierto, es candidato de Morena a la alcaldía de Panotla, atentó contra la presunción de inocencia al develar, por medio de un comunicado de prensa, el nombre y la imagen del detenido, aunque dirán que cubrieron el rostro y no pusieron el nombre completo, la realidad es que al dar detalles del caso y presenta la fotografía, incluso difuminada, era claro adivinar de quién se trataba.
No es la primera vez que el uso propagandístico de la información por parte de la procuraduría estatal les cobra factura, recordemos que lo mismo hicieron con el hermano del alcalde con licencia de Huamantla, Salvador Santos, de quien incluso la propia procuradora salió a presumir en un video la detención del implicado en un secuestro, y horas después, al ver el error, la dependencia retiró tanto la grabación, así como el comunicado de sus redes sociales y grupos de difusión.
Ese error, por cierto, podría darle la libertad al indiciado, como ahora la exhibición del dirigente nacional de Canircac ya le costó a Tlaxcala el señalamiento de ser un estado con instituciones corruptas ya que, por cierto, don Ignacio Alarcón negó por medio de su cuenta de X que estuviera preso, mostró una imagen suya en una reunión con secretarios de turismo del país y acusó el intento de extorsión de la procuraduría de Ernestina así como anticipó que procederá por la vía legal.
CÓMO VAN
A colación de la moribunda PGJT, le restan tres meses y medio para cambiar de nombre a Fiscalía, y es claro que solamente eso será, un cambio de nombre, en los hechos al interior de la dependencia no han hecho mayores acciones tendientes a convertirse en autónomos, por el contrario, han mostrado su sumisión a los intereses facciosos de la mandamás quien impuso una nueva subprocuradora.
Para quienes no han revisado el bodrio de reforma, tienen que leerla muy bien, a detalle, ahí vienen varias cosas muy graves que serán llevadas al terreno de la Corte.
HABLANDO DE…
En eso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta que propinó un duro revés al gobierno de Tlaxcala, uno más, resulta que la iniciativa preferente enviada por la mandamás al Congreso para crear la Ley para la Administración y Destino de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, está plagada de errores.
Recordemos que, por órdenes de la señora, los diputados no le movieron ni una coma, bueno, pues resulta que el ministro Javier Laynez concluyó que invade la esfera federal, con lo que además queda en entredicho la legalidad de la operación del Instituto Tlaxcalteca para Devolverle al Pueblo lo Robado. De mal en peor.
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