Por Edgardo Cabrera
La intentona de privatizar el servicio de limpia en bloque y quitar así la facultad de los ayuntamientos para atender este tema no prosperará, al menos así no los confirman fuentes oficiales luego del empecinamiento de quien detenta la política interna en el gobierno estatal para amarrar un negocio millonario.
El asunto es que la iniciativa mandada al Congreso local preveía que los 60 municipios le entraran de forma obligada a pagar el servicio a un particular y con ello destinar la partida que tienen para la recolección y procesamiento de residuos sólidos a cubrir el gasto de forma mensual a la empresa “altamente” recomendada por el número dos.
En su momento fueron reunidas las alcaldesas y alcaldes para plantearles el tema como la panacea que resolvería sus problemas del servicio de limpia, amén de que se les expuso la crisis que enfrentan los rellenos sanitarios, lo que nunca explicó, ¡claro!, porque así le convenía, es que la venta de la concesión costaría 300 millones de pesos a una empresa morelense, seguramente en ese costo ya estaba considerado el diezmo duplicado o triplicado, como acostumbran.
ANTECEDENTES
En Tlaxcala esta historia no es nueva, pero claro, la legión morelense lo desconoce porque poco les importa el estado, demostrado está que lo suyo son los bisnes y saquear al estado.
La privatización no es la solución, por el contrario, esas invenciones terminaron por agravar el problema en Apizaco con el finado alcalde Alex Ortiz. En su momento la empresa regiomontana PASA resultó beneficiada con una concesión a 15 años, pero la siguiente administración, aunque era también panista, tiró el negocio, argumentando un cobro desmedido, ya que las letras chiquitas establecían un incremento anual, además de que el número de camiones no era suficiente.
Tras un largo pleito legal, Apizaco logró quitarse a la empresa pero el daño ya estaba hecho, tanto a las arcas como al medioambiente, porque tras un adeudo de más de 8 mdp la firma suspendió el servicio, luego, sino fuera mucho el costo al erario, se demandaba una indeminización de 16 millones de pesos. En lo social, la población se mal acostumbró a dejar la basura en la calle, porque así se ofreció el servicio, dejando aquella costumbre de esperar al camión recolector.
Luego de dirimirse el pleito en tribunales, y con acuerdo de por medio, el ayuntamiento recobró el servicio pero se quedó sin camiones recolectores y debieron comprar nuevos. Tomó años, tratar de regresar el orden.
A colación, la iniciativa privatizadora, que forma parte de la nueva ley de residuos sólidos aprobada en junio del año 2023, establecía también que a más tardar en junio de este año, los ayuntamientos serían quienes asuman la gestión de la basura, incluyendo sitios de disposición final, pero a la fecha no hay plan, lo que es peor, la Triste Historia que gobierna sigue sin resolver el tema del nuevo relleno sanitario para cancelar de forma definitiva el funcionamiento de los actuales que están sobre saturados.
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