Por Edgardo Cabrera
Urge que el pésimo modelo de fragmentación de la información en materia de seguridad sea cambiado, la terquedad de mantener parcelas de poder para complacer a los amigos de campaña solo ha derivado en impunidad y burlas de los delincuentes que hacen lo que quieren porque saben que no hay coordinación, aunque presuman lo contrario cada mes desde la Triste Historia.
Solo en Tlaxcala, bueno, si acaso otras cuatro entidades más del país, tienen un modelo en el que el sistema de monitoreo y vigilancia que pomposamente llaman C5 o C4 operan de forma independiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la mayoría de los estados dependen de la policía para agilizar el proceso de prevención y seguimiento ante un evento.
Tan mal estamos, que con información de primera mano, le puedo decir que en la entidad solo dos personas tienen el “privilegio” de operar las video cámaras del C5i, cierto, hay decenas de monitoristas que solo se limitan a ver, en caso de un delito y si algunos de estos dos empleados no está disponible es imposible el seguimiento.
Luego, para que la información pase a la parte operativa, ya sabrá, no hay agilidad y a vaces nunca llega la información a los policías para que no operen a ciegas.
Y ahí le va otro dato, pese a los miles de millones invertidos y presumidos en tecnología, buena parte de las cámara no sirven por falta mantenimiento, y en los municipios, los multipresumidos C2, están en las mismas, no pueden operar las cámaras, simplemente las ven y no pueden hacer seguimientos.
SE LOS DIJE
Finalmente apareció publicado en el Periódico Oficial el decreto del Ejecutivo por el cual se crea el nuevo protocolo anti linchamientos y se abroga el del tristemente célebre Celaya que fue un fiasco y para muestra el incremento de estos eventos, entre el 2023 y junio de 2025 sumaban 57 intentos y seis consumados, el año pasado fue el peor con 28 tentativas y 3 privaciones de la vida, en lo que va de esta anualidad van 18 intentos y 1 baja.
Es claro el fracaso de la política gubernamental para atenderlos, y ahora, con el nuevo manual, lo adelante al arrancar la semana, sobre las alcaldesas y alcaldes recaerá el mayor peso para mediar con la población incendiaria.
El documento ya es ley y es público, a estas alturas los ayuntamientos deben estar preparados para que su cabeza acuda como mediador, que deje todo lo que esté haciendo, para prevenir que arda Troya, esperemos que en cada una de esas peligrosas misiones que ellos aceptaron ante la gobernadora Cuéllar y firmaron, así incluso aparece en el decreto publicado, regresen sanos y salvos.
A colación, el alcalde de Calpulalpan, el morenista José Manuel Jiménez del Razo se salvó el lunes de arriesgar el pellejo ante un intento de linchamiento de dos sujetos señalados de asaltar y agredir fisicamente a una mujer en la comunidad de San Marcos Guaquilpan, aún no estaba vigente el nuevo protocolo y, convenientemente, el ayuntamiento ocultó la información, lo que nos anticipa que a eso podrían ahora apostarle en los municipios, a ocultar lo más posible estos eventos para justificar su inasistencia.
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