Por Edgardo Cabrera
Vamos en el tercer mes del año y el gobierno de la Triste Historia no atina a resolver el problema de la ola de homicidios y desapariciones, lo que sí, mantiene la política del blindaje, con lujosas y costosas camionetas, vallas de acero contra la mujeres y 8 mil millones de pesos para tecnología en seguridad que, ya lo vimos, se trata de gasto a sobreprecio.
De acuerdo con la documentación periodística, no sus rasuradas cifras oficiales, en enero sumaron 14 personas privadas de su vida de forma dolosa, donde se incluyen dos feminicidios y una osamenta; en febrero la cifra cerró con 15, entre ellos cuatro osamentas; y en marzo van cuatro; en suma 33 en este 2025.
En cuanto a las desapariciones, marzo llevará el sello de los nueve jóvenes tlaxcaltecas que viajaron a Huatulco, en Oaxaca. Las versiones extraoficiales y oficiales son contradictorias, algunas autoridades como la de Oaxaca hablan de cuatro fichas de búsqueda, en Tlaxcala dijeron que cinco, y en Puebla nueve.
A una semana del hecho, la Fiscalía poblana entregó seis cuerpos que formaron parte de los nueve localizados sin vida y con signos de tortura en un auto en la encontrados en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan, ya en territorio de Puebla, una joven sobrevivió y de los otros dos no se sabe más, ante el hermetismo del caso.
INICIATIVA
La nueva dirigencia de la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala ya trabaja en una iniciativa para impulsar y crear, ¡ahora sí!, la aplazada Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, no se trata de una ocurrencia más, sino de una iniciativa sustentada jurídica y legalmente para lo cual el presidente de la agrupación, Martín Rodríguez se ha asesorado de experimentados abogados.
En pocas semanas el documento será socializado entre el gremio para enviarlo al Congreso local donde varias iniciativas en la materia se encuentra en la congeladora, algunas porque atentaban contra el ejercicio periodístico, argumentaban una falsa defensa a cambio de incluir preceptos como la “Real Malicia”, considerada por organismos internacionales y nacionales como un claro atentado a la libertad de expresión.
En lugar de andar pidiendo apoyos para viajes personales, como el anterior presidente de triste recuerdo, la UPET y organizaciones como la Confederación de Periodistas que encabeza Virgilio Osorio, deben sentarse con los diputados para concretar la ley, no puede ser que a estas alturas siga operando una oficina dependiente de la Secretaría de Gobierno que ni picha, ni cacha, ni deja batear dado su ilegal funcionamiento.
En Tlaxcala lo que realmente ofrece el gobierno es “protección de papel”, como lo señala el Colectivo Desde la Provincia que documenta el lamentable caso de 23 entidades que cuentan con supuestas unidades especializadas, mecanismos o comisiones de proteción a periodistas.
Mientras tanto, se siguen acumulando casos de violencia contra comunicadoras y comunicadores, además de la física, la organización Artículo 19 documenta 18 categorías de agresiones como intimidación y hostigamiento, campañas de desprestigio, amenazas, bloqueo o alteración de contenido, ciberataques, y agresión por la comunicación oficial, entre otras.
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