
Anabell Ávalos Zempoalteca
La muerte de un bebé es una tragedia irreparable para cualquier familia. Pero cuando ocurre en un hospital público y existen posibles deficiencias en la atención médica, las autoridades tienen la obligación de investigar, esclarecer los hechos y asumir las responsabilidades que correspondan.
Los casos de fallecimientos de recién nacidos registrados en hospitales de Durango y Jalisco, así como las denuncias de situaciones similares en la Ciudad de México, evidencian la necesidad de revisar las condiciones en que operan nuestras unidades de atención neonatal.
¿Cuántos bebés más tienen que morir para que las autoridades garanticen una atención médica segura?
Ante esta realidad, presenté una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, a fin de establecer expresamente que los hospitales cuenten con unidades de cuidados neonatales y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales debidamente equipadas, con medicamentos e insumos suficientes, personal especializado y capacitación periódica, además de supervisión constante y certificación por terceros independientes.
No podemos seguir esperando a que ocurra una tragedia para que las autoridades revisen sus hospitales. La seguridad de los recién nacidos debe ser una obligación establecida en la ley, no una medida improvisada después de una emergencia.
La iniciativa propone además sustituir la expresión «producto» por «bebé» en las disposiciones correspondientes de atención materno-infantil. Las leyes deben utilizar un lenguaje sensible y respetuoso de las personas. Estamos hablando de recién nacidos, de hijos e hijas y de familias que merecen toda nuestra consideración.
Las denuncias de trabajadores de la salud sobre falta de medicamentos, insumos, equipos y condiciones adecuadas de trabajo tampoco pueden ignorarse. Estas carencias afectan directamente la atención de los pacientes y ponen en evidencia las deficiencias de las instituciones públicas.
También es inaceptable que madres y padres que atraviesan por una situación tan dolorosa encuentren indiferencia, malos tratos o puertas cerradas cuando buscan respuestas. Ninguna autoridad debe anteponer su imagen política al dolor de las familias.
Por eso, además de garantizar mejores condiciones hospitalarias, es indispensable investigar cada fallecimiento, esclarecer sus causas y determinar responsabilidades cuando existan negligencias. Sin consecuencias, las deficiencias se repiten y las familias siguen pagando el precio.
Las revisiones y medidas anunciadas por las autoridades después de estas tragedias son necesarias, pero no suficientes.
Necesitamos que la supervisión, el equipamiento, la capacitación y la certificación de las unidades neonatales sean obligaciones permanentes previstas en la ley. Como senadora por Tlaxcala, hago un llamado a mis compañeras y compañeros legisladores de todos los partidos para respaldar esta iniciativa, enriquecerla y darle celeridad en las comisiones.
La salud y la vida de un recién nacido no pueden depender de la suerte ni de las condiciones del hospital al que llegue. Deben estar protegidas por la ley. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo concreto. Pongámonos del lado de las familias y asumamos nuestra responsabilidad.
Ningún bebé debería morir por una deficiencia que las instituciones de salud tienen la obligación de prevenir.




