Por Edgardo Cabrera
Ayer lo anticipaba, las empresas favorecidas con millonarios contratos por la Triste Historia que gobierna tienen cuestionados antecedentes en otras entidades donde gobiernos de Morena las ha beneficiado con adjudicaciones directas e incluso al ganar dudosos concursos, así como aquí con las camionetas blindadas cuyo gasto al erario implicó 56.2 millones de pesos entregados a una firma que no está especializada en ese rubro.
Ahora sabemos que nos tomaron el pelo dos veces, la primera cuando ocultaron la adquisición de las diez unidades de súper lujo para proteger a la parentela y funcionarios, con todo y que somos la entidad con menor incidencia delictiva; y la segunda, cuando al contestar una solicitud de acceso a la información pública engañaron al develar el nombre de la empresa favorecida con el negocio, ahora sabemos por qué.
Con documentos oficiales, descubrimos que Maximino Hernández Pulido, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pidió la adjudicación directa a la persona moral denominada “Cha Cha Producciones S.A. de C.V.”, que según la Secretaría de la Función de Puebla, donde sí existe su registro en la Plataforma de Transparencia, no como aquí, su actividad o giro es el de la “confección en serie de uniformes (escolares, industriales, etc.) y ropa de trabajo”, aunque hay otros contratos que también aparecen en la plataforma donde existe el antecedente de la venta de automóviles utilitarios.
Pero llama la atención que en la vecina entidad dicha firma salió a relucir en la revisión a la cuenta pública del año 2021 practicada por la Auditoría Superior de la Federación por siete contratos que le fueron entregados para la compra de vehículos, y cuyas unidades no fueron halladas.
Pero aún hay más, una investigación realizada por el portal MTP noticias, develó que entre los años 2021 y 2022 “Cha Cha Producciones” recibió 48.1 millones de pesos en contratos con 12 dependencias estatales de Puebla, vale destacar, aquí en Tlaxcala en la petición de un solo contrato, el de las blindadas, la empresa se adjudicó 56.2 millones de pesos en el año 2024, 8 mdp más.
Las mismas investigaciones periodísticas basadas en documentos oficiales dan cuenta que “Cha Cha” también vendió cobijas y despensas al Sistema Estatal DIF poblano, así como uniformes y prendas de protección para los empleados de los Servicios de Salud.
Con todo y las observaciones advertidas por la Función Pública, Maximino Hernández Pulido pidió la adjudicación directa, sin concurso, para comprar las blindadas del bienestar familiar, ¡y sí!, como era de esperarse, se lo concedieron, en tiempo récord pagaron y recibieron las unidades, lo que, además, nos hace suponer que todo lo tenían bien planeado ya que una camioneta valuada en cuatro millones 850 mil pesos y con uno de los blindajes más altos, no se fabrica de la noche a la mañana, menos diez.
Lo aún más cuestionable es que ocultaron el nombre de la empresa beneficiada con el negocio, contestaron a una solicitud de información diciendo que fue Epel S.A de C.V, y ahí está el documento, vale decir, no exhibieron el contrato, ese contrato al que ahora tuvimos acceso y del que se devela la mentira, ¿por qué querían esconderlo?, ya tienen la respuesta.
Y en eso de que “que la vida pública sea cada vez más pública”, como dijo el nuevo vocero del gobierno estatal, de forma pública le pedimos informe a quién y por qué están asignadas cada una de esas unidades, y por qué no develaron el nombre de Cha Cha, como la firma que se las vendió.
AL CIERRE
Ya por la noche del lunes, el Gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Coordinación de Comunicación Social, envió una postura a la redacción de Gentetlx mediante la cual insisten que “la empresa legalmente adjudicada fue Epel, S.A. de C.V., conforme al procedimiento GET-OMG-ADX-073-2024, cumpliendo con todos los requisitos legales, fiscales, técnicos y operativos establecidos en la Ley de Adquisiciones del Estado de Tlaxcala. La información y documentos exhibidos en la nota no corresponden al expediente referido”, cita.
Vale señalar, no proporcionan los documentos probatorios del supuesto expediente “correcto”, tampoco los que demuestren que la autorización del expediente evidenciado fue revocado, las razones y el porqué de la decisión, así la transparencia.
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