RECOMENDACIONES OBLIGATORIAS.
México suscribió en 1980 y ratificó en 1981 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, que es el instrumento más extenso y progresista sobre los derechos humanos de las mujeres, promueve la igualdad entre mujeres y hombres, y atiende todas las áreas de desarrollo de las mujeres.
Según lo comprometido, México rinde sus informes ordinarios ante el Comité CEDAW, y en respuesta el Comité de Expertas da sus observaciones finales.
Nuestro país, con base en el trabajo de todos los niveles y órdenes de gobierno ha podido presentar importantes avances en muchas de las áreas y acciones que tiene comprometidas para lograr los objetivos de la convención internacional, sin embargo todavía se advierten importantes retos, de ahí que el Comité en su 91º. período de sesiones (del 16 de junio al 4 de julio de 2025) aprobó las Observaciones Finales sobre el décimo informe periódico de México.
Se desprende de dichas recomendaciones, que hay una importante área de acción para los estados que comprenden la República Mexicana, tareas y quehaceres específicos para todos los poderes públicos y niveles de gobierno, llevando la federación la mayor responsabilidad de coordinación para lograr las metas y enfrentar las áreas y estructuras en las que todavía no se alcanzan los objetivos.
Estas observaciones finales no se traducen en recomendaciones que se puedan atender o no de manera discrecional, sino forman parte de un quehacer obligatorio para todo México.
Las observaciones se establecen clasificadas en temas como el marco legislativo, las mujeres y la paz y la seguridad, el acceso de las mujeres a la justicia, los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, la institución nacional de derechos humanos, las medidas especiales de carácter temporal, los estereotipos de género y prácticas nocivas, la violencia de género contra las mujeres y las niñas, la trata y explotación de la prostitución, la participación igualitaria en la vida política y pública, la nacionalidad, la educación, el empleo, la salud, el empoderamiento económico de las mujeres, la atención a las mujeres rurales, el matrimonio y relaciones familiares, el cambio climático, las mujeres afectadas por formas interseccionales de discriminación, incluyendo a las desplazadas y refugiadas, a las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y personas intersexuales, a las mujeres y niñas con discapacidad y a las defensoras de los derechos humanos y buscadoras.
Establece también la necesidad de la recopilación y análisis de datos, la visión hacia la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y establece una obligación para difundir de manera oportuna dichas observaciones entre las instituciones públicas pertinentes a todos los niveles,en especial el gobierno, las secretarías de estado y los poderes legislativo y judicial, a fin de posibilitar su cabal cumplimiento.
También señala la obligación de la difusión entre la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, especialmente las organizaciones de mujeres.
El documento internacional señala y ve con preocupación que la Convención, su Protocolo Facultativo y las Observaciones Generales del Comité rara vez son invocadas.
Hablar de cada una de las recomendaciones que nos hacen como país, amerita una reflexión muy amplia, por los alcances, el ámbito de competencias, los impactos y las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno, sin embargo una observación que alcanza a a todo, es la exigencia de capacitación respecto a los derechos de las mujeres y los enfoques interculturales.
En México no se podrán cumplir con los compromisos para dotar a las mujeres a una vida libre de discriminación, si no se comprende la naturaleza del tema, pues parece inconcebible que a estas alturas y después de tantos esfuerzos haya todavía opiniones públicas protagonistas de machismos y de un patriarcado que no quiere ceder, que muestra una sociedad que no alcanza a comprender la necesidad de una transformación para que sus mujeres y niñas vivan sus derechos plenamente y en igualdad, sin que esto sea una graciosa concesión o una guerra entre sexos.
Resulta lamentable que ya hablamos del décimo informe periódico y hay instituciones, funcionariado y responsables públicos que desconocen las observaciones emitidas, por eso espacios como este -que nos permiten los medios de comunicación- intentan dotar de información básica mínima sobre los temas de igualdad.
Hace unos días en un esfuerzo social y comprometido la Colectiva Nacional 50+1 a través del Capítulo Tlaxcala presentó ante el Honorable Congreso del Estado un documento titulado “Consideraciones que el Capítulo Tlaxcala tiene respecto el impacto en la normatividad estatal de las Observaciones Finales sobre el décimo informe periódico de México por parte del Comité CEDAW.” en el que de una manera sencilla muestra, cómo las observaciones impactan en el quehacer legislativo, qué cambios normativos se requieren, nombrando las leyes a las que hay que hacer adecuaciones y las razones de ello. El Poder Legislativo puede o no atender las consideraciones presentadas, pero lo que sí está obligado, como también lo están los poderes ejecutivos y judiciales, así como todos los municipios del país, es primero conocer las observaciones, analizar como les impactan en su nivel de competencias y sobre todo accionar todo aquello que les corresponde en los distintos temas, para abonar a que el país rinda cuentas y muestre el trabajo realizado, dentro de 2 años. Sin embargo esto no podrá lograrse si las personas responsables de la toma de decisiones no están capacitadas sobre el tema.
Queremos cotidiano la capacitación permanente de todos los actores del estado para entender y cumplir integramente las obligaciones intenacionales que se emitieron a México. No queremos simulación o improvisaciones, queremos políticas públicas encaminadas con estrategias integrales y congruentes con las necesidades que tenemos las mujeres mexicanas, eso lo queremos cotidiano.
