Por Edgardo Cabrera
Lo volvieron a hacer, ¡son unos descarados!, no cabe duda. El decadente gobierno de Lorena Cuéllar atraviesa su peor momento, es evidente que con cada día menos de poder cometen más torpezas al tratar de negar excesos, ilegalidades, corruptelas y trapacerías.
Esta semana inició con nuevo escándalo, el uso de Casa de Gobierno como centro de campaña de Morena y Alfonso Sánchez García, no hay que perder de vista el partido, porque no solo es Lorena Cuéllar, sino el oficialismo aferrado a realizar un proceso adelantado de campañas para elegir a la persona que contenderá en las elecciones del próximo año por la gubernatura.
Las imágenes son claras, se ve el armado de paquetes con propaganda: volantes y bolsitas aparecen en las fotografías que fueron tomadas por ellos mismos, morenistas y empleados inconformes con obligarlos a hacer ese trabajo, si lo hicieran con gusto, nunca lo habrían ventilado.
Y con las pruebas a la vista: las mentiras y las contradicciones. El lunes la gobernadora Cuéllar, dijo que ella “no estaba enterada de la operación política dentro del inmueble oficial”, bueno, ella no lo dijo directamente, sino Antonio Martínez, quien se asume como su portavoz.
Algo más cínico dijo el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez, según él, la administración estatal “no se involucra en actividades partidistas” y negó que existiera información “oficial” que confirmara el funcionamiento de la guarida de los mapaches.
Ya para el martes, el coordinador protagónico aseguró que tres empleados de gobierno fueron cesados por el centro de mapacheo. ¿por qué de una vez no corrieron a 10, 20, mil?, total, pueden inventar lo que quieran, lo cierto es que estamos ante un delito, por acción u omisión de la gobernadora quien tiene a su resguardo ese inmueble por ser la titular del ejecutivo estatal.
Lo de los ceses es una pantalla, debe intervenir la Fiscalía General de la República, recordemos que el fraude electoral y el uso de programas sociales con fines electorales fueron tipificados como delitos graves sin derecho a fianza con Andrés Manuel López Obrador.
Desde ese sexenio federal se reformó la Constitución de nuestro país para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, uno de ellos, “el fraude electoral en todas sus modalidades, la compra de votos, la falsificación de boletas o actas, y el uso del presupuesto público o programas sociales para favorecer a partidos y candidatos”.
FICHAJES
Con la novedad que el coordinador de comunicación social del gobierno estatal ofreció que solicitará por escrito el consentimiento de los periodistas que acuden a sus conferencias de prensa para que les tomen fotografías. Y es que se ha convertido en una práctica recurrente videograbar y fotografiar a los comunicadores, con el pretexto de un “registro”; luego de conocer las listas negras del gobierno federal, queda claro que les gusta fichar a los periodistas, pero también usarlos para propagandear y presumir una falsa libertad de prensa.
El compromiso del consentimiento por escrito viene luego de un posicionamiento del Consejo de Medios de Comunicación y Periodistas que no gustó por exigir el respeto a la intimidad y datos personales de los comunicadores. La gente en el poder pierde de vista que los sujetos al escrutinio público son ellos, el periodista solo registra y lo hace público.
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