Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México
Diferentes defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México fueron víctimas de un avanzado programa de espionaje contratado por el gobierno mexicano, el cual, en teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Quienes fueron víctimas de estos espionajes están abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
También figura la periodista Carmen Aristegui y su equipo de reporteros, quienes investigaron y revelaron la “casa blanca” de Angélica Rivera.
Además de ellos, el espionaje ha llegado hasta las familias de estas personas.
Desde 2011 a la fecha, en al menos tres agencias federales mexicanas se han gastado 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
Todo esto se logra gracias a un software conocido como Pegasus, el cual entra a los teléfonos inteligentes y otros tipos de aparatos para vigilar cualquier detalle de las personas mediante sus celulares, por ello es capaz de hacer llamadas, mandar mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios, además de revisar las ya existentes. Sumado a esto, puede acceder al micrófono y la cámara de los teléfonos, lo cual es utilizado para la vigilancia.
La empresa encargada de fabricar este software es NSO Group, quienes aseguran que venden esta herramienta de manera exclusiva a los gobiernos, con la condición de que únicamente sean utilizados para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas.
Pese a ello, The New York Times y analistas forenses independientes analizaron decenas de mensajes, los cuales fueron utilizados para vigilar a las personas que han sido más críticas con el gobierno, además de sus familiares, por lo que muchos prevén que esto sea un intento para debilitar e intimidar a las personas que buscan acabar con la corrupción en México.
“Somos los nuevos enemigos del Estado”, aseguró Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien fue el encargado de redactar e impulsar la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3, cuyo teléfono y el de su esposa fueron atacados en diferentes ocasiones por el programa espía: “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, dijo Pardinas.
Las leyes en México indican que sólo un juez federal es quien puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, y sólo cuando los funcionarios comprueben que tienen un caso bien armado, por ello señalan que es muy poco probable que el gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas.
“Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían”, comentó Eduardo Guerrero, un exmiembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. “¿Cómo sería posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección de los derechos humanos?”.
“Por supuesto que no se puede justificar esa intervención”, acusó Guerrero. “Pero eso es irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo”.
La forma en la que el virus entra a los celulares es de una manera personalizada: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares.
En el caso de Aristegui, un operador se hizo pasar por la embajada de Estados Unidos en México y le pidió darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. Para la esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.
A pesar de esto, el gobierno mexicano “rechaza categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de cualquier otra persona sin previa autorización judicial”.
Un problema con este tipo de ataques, es que no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea el responsable, ya que el software no deja rastros del hacker que lo utilizó. Lo que sí pueden hacer es verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.
Sobresale que esta compañía le cobra a sus clientes gubernamentales de acuerdo con el número de objetivos a espiar, por lo que para vigilar a 10 teléfonos iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares, sumado a que la cuota de instalación es de 500 mil dólares.
Información NEW YORK TIMES
