Por Edgardo Cabrera
Hoy cuando se cumplen cuatro años de la llegada de Lorena Cuéllar al poder, la llamada “reingeniería” del aparato gubernamental no dio los resultados esperados, así lo evidencia la treintena de cambios en el gabinete, el mayor que haya tenido alguno de sus antecesores, y la declaración de inconstitucionalidad de una de las nuevas dependencias creadas.
Son 14 cambios en la estructura institucional, se incluye la extinción del Instituto de Acceso a la Información Pública, cambio de nombres, como las relucientes secretarías de Movilidad, Impulso Agrícola, de la Mujer o Cultura, y la creación de nuevos entes, en los hechos, solo vemos un aparato más obesos y soso.
Se desmantelaron dependencias como la Secoduvi, Sepuede y la Coordinación General de Ecología, para aumentar la burocracía de oro, hablamos de más funcionarios de primer nivel, que cobran sueldos mayores y perciben presupuestos millonarios, pero también de áreas dominadas por las legiones extranjeras.
La reingeniería incluyó cambiar la constitución política del estado para permitir que una persona no tlaxcalteca llegara a la Secretaría de Gobierno.
En el sector del medio ambiente, el grupo Morelos se apoderó del coto que en pasados gobiernos perteneció al PVEM, y sí con ellos había críticas de parcelas intocables, la legión morelense se voló la barda, construyó su mini reinado llamado Secretaría del Medio Ambiente.
Luis Ramirez y sus foráneos no se conformaron solo con subir de nivel a Secretaría, fueron más allá, crearon la mina del dinero por medio multas de la Procuraduría de Protección al Ambiente, el ex funcionario Eliseo Arteaga documentó el abuso de esta dependencia. También crearon la coordinación de Bienestar Animal, y ahí, otra una fuente de ingresos.
No conformes, y so pretexto de esa reingeniería, el grupo Morelos se apoderó de la Secretaría de Gobierno y desde ahí han controlado el Congreso, ayuntamientos y áreas de seguridad, con los resultados conocidos.
En eso de engordar el aparato estatal, la Secoduvi desapareció y crearon la Secretaría de Infraestructura y la de Ordenamiento Territorial y Vivienda, también ahí metió su cuchara, Ramírez.
La lista sigue, es larga, incluye la creación de la Secretaría del Bienestar, homóloga en funciones y tareas con la federal, pero la de aquí incluye un Consejo Consultivo que encabeza una de las hijas de la gobernadora y más de 500 millones de presupuesto; en contraste fue desaparecido el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, cuyo último presupuesto fue de poco menos de 10 millones de pesos.
Inventaron el “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” con Miguel Ángel Sánchez, pero una controversia constitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos derivó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarara ilegal, sin embargo, ejerció 18 millones de pesos y operó durante el año 2024.
En eso de la simulación, no podemos olvidar la creación de la Fiscalía General de Justicia, que es la misma que la extinta Procuraduría, con la misma titular, y aunque en el papel se dice autónoma, en los hechos sigue a las órdenes y caprichos del ejecutivo, eso sí, con mucho más dinero.
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