Por Edgardo Cabrera
El jueves, Saúl Rosales, ex presidente de San Pedro Tlalcuapan, Chiautempan, fue liberado luego de 3 años y 2 meses de estar preso acusado y sentenciado por el homicidio de un hombre linchado el 15 de abril del 2022.
Ese día, marcado en el calendario litúrgico como Viernes Santo, Alfredo N., fue acusado de intentar robar en una vivienda cercana al Centro de Salud, una muchedumbre lo capturó, golpeó y quemó vivo, tres meses después, la Procuraduría General de Justicia que encabezaba Ernestina Carro detuvo a Saúl Rosales y al tiaxca de la comunidad, Raymundo Cahuantzi.
La autoridad aseguró tener todas las pruebas que acreditaban su participación y de ahí vino el calvario para las familias, amigos y compañeros de lucha, ambos son defensores de la montaña la Malinche. Raymundo fue el primero en lograr su libertad; en marzo del año pasado un tribunal de enjuiciamiento en el estado no encontró los elementos para mantenerlo en prisión.
El 4 de septiembre, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito Judicial ordenó la liberación de Saúl Rosales luego de que los tres magistrados determinaran por unanimidad que el Ministerio Público no acreditó su responsabilidad plena en el delito, las pruebas aportadas fueron endebles e insuficientes, no solo eso, fue un proceso “viciado de fondo”.
Al tiaxca Raymundo le jodieron la vida 1 año y siete meses, al expresidente de comunidad Saúl, 3 años 2 meses. Hay un tercer implicado, Javier N. alias “El Azteca”, en diciembre del año pasado, la Fiscalía General de Justicia, que encabeza la ex procuradora Ernestina, presumió su sentencia condenatoria de 27 años y 6 meses de prisión.
Tras lo ocurrido con los dos defensores de la montaña, carece de toda credibilidad la fiscalía para suponer que este tercer implicado en verdad sea culpable, este caso, el del linchado de San Pedro Tlalcuapan, es una vergüenza, por menos, debió ser motivo de la remoción de la fiscal, pero también, de fincarle responsabilidad a quienes participaron en encarcelar a personas inocentes, entre ellos Ministerios Públicos, jueces o policías de investigación.
FABRICACIÓN DE CULPABLES
La era de Ernestina Carro como Procuradora y ahora Fiscal, está marcada por una serie de reveses legales que prueban que la institución ha fabricado culpables, y en ese proceso, no han escatimado en la tortura y muerte de detenidos, no hay que olvidar aquel joven acusado de quitarle la vida a Ana Laura en Huamantla en el año 2022.
En la lista están, también, Keren Ordóñez, joven veracruzana acusada de secuestro, luego de 9 años de padecer violencia institucional de varias administraciones estatales, incluida la actual; este año recuperó su libertad al probar graves violaciones en su proceso y tortura; también está el caso de Edson, quien fue señalado como el autor material del homicidio del ex diputado panista Omar Milton, fue liberado 2 años y medio después, de nuevo, la Fiscalía de Ernestina no tuvo pruebas.
El “inocente de Guanajuato”, Pedro Francisco debió ser liberado tras 2 años acusado de un homicidio que no cometió en Huamantla, desde el principio su defensa y el pueblo de San Francisco, dio fe de la honradez del joven y que el día de los hechos estaba en ese lugar, por lo que resultaba ilógico su presencia en Tlaxcala. Hay más casos que hemos documentado y que, insisto, debieran ser razón suficiente para remover a la fiscal, ¿cuántos más seguirá acumulando?
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