Las “foto multas” que a partir de febrero impondrá la Triste Historia se encuentran fuera de la legalidad, amparos ante la justicia federal pueden prosperar, incluso se puede ir más allá y proceder legalmente contra el gobierno al violar su propia arcaica ley en materia de Comunicaciones y Transportes.
No es novedad que todo lo hagan mal, como pasó con el Autotren, resulta que los chambones funcionarios son tan malos que no saben si la nueva ocurrencia se trata de un acuerdo o un decreto del Ejecutivo, basta leer lo publicado en el Periódico Oficial para ver sus torpezas para justificar las nuevas tristes infracciones.
En eso de las incongruencias, resulta, además, que los diputados locales trabajan en crear la Ley de Movilidad y Transporte para abrogar la norma actual que data del año de 1983, y que se encuentra más parchada que llanta de taxi o combi, para ello realizan una serie de foros, se supone, para recoger propuestas del sector y analizar con especialistas el tema.
Pues sin aún terminar ni llegar a conclusiones, menos sin contar con un documento finalizado de la nueva ley, a la Triste Historia le urgía el negocio con una empresa que ya vendió y colocó los radares, por supuesto, el bisne incluye el software, el mantenimiento y las actualizaciones requeridas a lo largo del tiempo que estén operando, hablamos de muchos millones de pesos para garantizar ingresos y que sea rentable.
Mentira que sea por el bien de la población y reducir los accidentes, está probado que son incompetentes para frenar los siniestros, recordemos también que al inicio de la administración hubo otro decretazo para frenar el consumo de bebidas alcohólicas, consideradas por ellos las causantes de los accidentes, sin embargo, el mentado decreto todos se lo pasan por el arco del triunfo, incluidos sus funcionarios que han protagonizado múltiples choques por ebrios
Que no nos quieren engañar, las foto infracciones son solamente un negocio más, de corto tiempo, porque está condenado al fracaso y su eliminación, al tiempo.
¿QUÉ CELEBRAN?
Finalmente se concretó la entrega del sector salud local a la federación, ya solo faltaban los recursos económicos y eso ocurrió el jueves pasado cuando 22 gobernadores, entre ellos la mandamás rejuvenecida, acudieron prestos al llamado de titular del IMSS, Zoé Robledo, para firmar la devolución de los millones de pesos que antes manejaban en sus respectivos sistemas estatales, algo que aplaudieron y festejaron como un logro, cuando es todo lo contrario.
Ahora Tlaxcala solo administrará 44 por ciento del presupuesto estatal etiquetado y aprobado por el Congreso local, el resto lo manejará ese ente ineficaz que llaman IMSS-Bienestar, y es ineficiente porque el desabasto de medicamentos está peor que antes, las consultas de especialidades son un mito, y las carencias de insumos y materiales peor que nunca, amén de la incertidumbre laboral que sigue entre los trabajadores.
Bueno, con ese antecedente, la semana pasada el legislativo citó a comparecer solo al secretario de Salud, Rigoberto Zamudio, ¿y el delegado del IMSS Gabriel Pérez?, de que beneficios goza, desde el año pasado administra recursos y bienes estatales, porqué nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa, pierden de vista diputados, trabajadores, sindicatos y usuarios, que también debe dar explicaciones del ineficiente sistema que, solo por citar un ejemplo, en estos momentos carece de tratamiento, vacunas, equipo, y hasta información por el crecimiento de contagios por Covid, Influenza y otros tantos males respiratorios propios de la temporada.
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